Es cierto que ahora debemos remar todo el mundo a la vez. Después de parar la pandemia habrá tiempo de sacar conclusiones y aprender de lo vivido. No hablo de las campañas políticas que utilizan las muertes para hacer propaganda, sino de la evaluación rigurosa de cómo se hacen las cosas.
Me preocupa especialmente el papel que cumplimos la ciudadanía en el desarrollo de las medidas dictadas por el estado de alarma. Es claro que el objetivo es común: detener la pandemia, que la gente no se contagie, evitar muertes. Es algo de vida o muerte. Se debe apostar por toda la excepcionalidad posible, cambiar lo necesario, siempre desde la orientación de las personas especialistas, siempre desde el rigor científico.
La pregunta es quiénes hacen qué. La situación de confinamiento ha elevado a la superficie muchas situaciones personales, familiares y de comunidades enteras, que subsistían desde la precariedad y la economía informal e incluso no formaban parte de los datos oficiales. Son quienes están llevándose, otra vez, la peor parte.
Y hay que ofrecer ayuda, hay que paliar en la medida de lo posible el sufrimiento. Quiénes hacen qué. Las organizaciones sociales, los movimientos sociales, las administraciones locales, regionales, estatales, los grupos vecinales, las redes de ayuda mutua, la pequeña carnicería, el supermercado…la sociedad. Es necesario un nuevo reparto de papeles, porque esto no lo sacamos sin la intervención del Estado, pero tampoco sin la intervención de la sociedad civil, sin el papel activo de la ciudadanía organizada, precisamente para que el menor número de personas salgan a la calle y a la vez todas las personas tengan cubiertas sus necesidades.
Pero en este reparo de papeles hay quienes los están perdiendo. Tiempo habrá de analizarlo.